Contramanifiesto en defensa de las lenguas cooficiales

En respuesta al manifiesto en defensa del castellano, Galeusca, que engloba a asociaciones de escritores en las lenguas catalana, gallega y euskera, ha publicado, en el periódico El Mundo, el siguiente contramanifiesto en defensa de las lenguas cooficiales:  

Ante el discurso pretendidamente homogeneizador y centralista que subyace en el Manifiesto por la Lengua Común, la Federación de Asociaciones de Escritores GALEUSCA manifiesta que:

1. La realidad plurilingüe que conforma y da existencia al estado español, lejos de ser entendida como una «asimetría» o deficiencia per se, reproduce de una manera transparente una diversidad lingüística y cultural común a la mayoría de estados que conforman la Europa plurilingüe.

2. El gallego, el euskara y el catalán no son «inventos» de ahora, sino lenguas que fueron normales en sus territorios y sociedades respectivas durante centenares de años. Su desnormalización, su pérdida de usos públicos, no se produjeron de manera «natural», sino por invasión de la lengua que fue decretada como oficial del estado, sin ninguna consulta ni acuerdo previos.

3. El artículo 3 de la Constitución española garantiza la presencia de esta lengua común para todos los habitantes del estado, mediante la exigencia a todos los ciudadanos de la obligación de conocer el castellano. Todos los ciudadanos de Galicia, Euskadi y los Países Catalanes asumen en la práctica esta exigencia, ya que no hay nadie que no tenga una buena competencia del castellano, independientemente de que lo tengan como primera lengua o segunda. En cambio, por lo que respecta al gallego, al euskara y al catalán, la legislación no prevé la obligación de ser conocidos en sus respectivos territorios, cosa que establece una asimetría en los derechos lingüísticos de los ciudadanos que quieren ejercer el derecho, que se les reconoce, a usarlos.

4. El gallego, el euskara y el catalán también son lenguas oficiales en sus territorios, que es lo mismo que decir que son lenguas propias de aproximadamente el 40% de la población del estado español. Estos códigos lingüísticos, legítimos y en los que se reconoce el recorrido y la expresividad de un pueblo y de una cultura, son instrumentos de comunicación igualmente «democrática», herramientas de relación interpersonal útiles y necesarias para la sociedad que las sustenta.

5. El derecho al uso público, en todas las instancias, de la lengua propia está reconocido en todas las legislaciones democráticas del mundo. En el ámbito europeo, hace falta que recordemos la Carta Europea de las Lenguas Regionales o Minoritarias (aprobada y ratificada por el estado español) o la Declaración Universal de Derechos Lingüísticos, aprobada por unanimidad por el Congreso de los Diputados.

6. La visión anuladora que desde la enriquecedora realidad plurilingüe española se transmite desde el Manifiesto nos hace pensar en la similitud de tesis de la etapa franquista; un estado, una lengua y, consecuentemente, reforzar los planteamientos diferenciadores entre ciudadanos de primera y segunda por razones de lengua. La competencia plurilingüe, también para los ciudadanos españoles nacidos en comunidades autónomas con una única lengua oficial, siempre será una clave que abra el mundo, que abra las fronteras del respeto por el otro desde la interpretación de una equidad entre los seres humanos, independientemente de su lugar de nacimiento, de residencia y de lengua propia. Además, el Manifiesto parte de una premisa que no se corresponde con la realidad, ya que en ningún caso el castellano corre ningún peligro en todo el territorio del estado.

7. El aprendizaje de las lenguas, además de la propia, ha de ser entendido siempre en sentido positivo y como sinónimo de enriquecimiento del individuo, ya que el aprendizaje plurilingüe estimula la expresividad y el conocimiento de las personas. En el caso de Galicia, Euskadi y los Países Catalanes es imprescindible que la población sea competente en las dos lenguas oficiales, para que cada uno pueda decidir libremente cuál de ellas utilizará en los diferentes ámbitos y situaciones. Es decir, la doble competencia es imprescindible para garantizar la libertad lingüística.

8. Para garantizar esta utilización libre de las lenguas hacen falta medidas surgidas de una política lingüística adecuada. Es decir, para garantizar los derechos que tenemos también los hablantes del catalán, el euskara y el gallego se necesitan políticas lingüísticas que creen las condiciones para ejercerlos, tal y como dictó el Tribunal Constitucional en la sentencia 334/1994 cuando «avala un trato desigual, que no discriminatorio, para las dos lenguas oficiales en función del carácter propio de una de ellas que precisa de una acción normalizadora que ha de implicar, necesariamente, acciones de soporte singularizado».

9. Las políticas lingüísticas aplicadas al ámbito educativo en las comunidades bilingües, tienen como objetivo conseguir que el alumnado logre una buena competencia en las dos lenguas oficiales, independientemente de cuál sea la lengua familiar. Para conseguir este objetivo, hace falta desarrollar planificaciones lingüísticas que garanticen la consecución y que pasen, necesariamente, por la utilización vehicular mayoritaria de la lengua más desfavorecida socialmente. Y eso, en lugar de ir contra la libertad lingüística es, precisamente, una actuación imprescindible para garantizar esta libertad lingüística.

10. Las escritoras y los escritores gallegos, vascos y catalanes PROCLAMAN nuestra voluntad de continuar escribiendo en nuestras lenguas y de contribuir al proceso, inacabado, de su normalización como derecho humano, democrático y pacífico al cual no renunciaremos. Repudiamos enérgicamente todos los intentos de EXCLUSION que colegas escritores españoles hacen de nuestras lenguas y lamentamos que, en lugar de preocuparse por la salud del español en Puerto Rico, Costa Rica o los Estados Unidos, se dediquen a combatir al más próximo y asimétricamente discriminado.