¿Salvaguarda de los derechos de propiedad intelectual? Y los derechos de los internautas ¿qué?

Las medidas que el Gobierno ha colado en el anteproyecto de Ley de Economía Sostenible, con la excusa de salvaguardar los derechos de propiedad intelectual, son inadmisibles y chocan frontalmente con los derechos de los internautas y con la filosofía de la red.

Creo que el Gobierno se está contagiando de la paranoia del lobby feroz que en la defensa de sus intereses está haciendo el ridículo más absoluto. Un ejemplo reciente de primera mano: el establecimiento de comestibles de mi barrio, perteneciente a una conocida cadena alimentaria, este año no puede poner villancicos por los derechos de autor. Supongo que cuando llegue la Feria del Caballo tampoco podrá poner Sevillanas… De locos.

Coincido con el acertado post que escribió ayer Julio Alonso en su blog: Antes sin música y sin cine que sin libertad. Ni el cine ni la música están amenazados ni peligran por las descargas. Lo que peligra es el ranchito privado de algunos que se niegan a cambiar de modelo de negocio para adaptarlo a los requisitos de la nueva Sociedad del Conocimiento.

Internet no tiene ideología ni está adscrito a ningún partido político. En la defensa de los intereses de los internautas y de la filosofía de la red nos unimos gente que, probablemente, fuera de la red tenemos muy poco en común. Es el caso de Enrique Dans, con el que suelo coincidir en casi todo lo que opina sobre la red. Pero Internet es algo muy grande por lo que vale la pena luchar.

No podemos permitir que el Ministerio de Cultura nos cuele esas medidas en la nueva Ley. Supondría que un «comité de expertos», sin autorización judicial previa, pudiera cerrar cualquier página web a su libre albedrío.

Por todo lo dicho suscribo el Manifiesto por la defensa de los derechos fundamentales en Internet, que está corriendo como la pólvora por la red, y del que algunos medios de comunicación ya se han hecho eco:

Ante la inclusión en el Anteproyecto de Ley de Economía sostenible de modificaciones legislativas que afectan al libre ejercicio de las libertades de expresión, información y el derecho de acceso a la cultura a través de Internet, los periodistas, bloggers, usuarios, profesionales y creadores de Internet manifestamos nuestra firme oposición al proyecto, y declaramos que:

1. Los derechos de autor no pueden situarse por encima de los derechos fundamentales de los ciudadanos, como el derecho a la privacidad, a la seguridad, a la presunción de inocencia, a la tutela judicial efectiva y a la libertad de expresión.
2. La suspensión de derechos fundamentales es y debe seguir siendo competencia exclusiva del poder judicial. Ni un cierre sin sentencia. Este anteproyecto, en contra de lo establecido en el artículo 20.5 de la Constitución, pone en manos de un órgano no judicial -un organismo dependiente del ministerio de Cultura-, la potestad de impedir a los ciudadanos españoles el acceso a cualquier página web.
3. La nueva legislación creará inseguridad jurídica en todo el sector tecnológico español, perjudicando uno de los pocos campos de desarrollo y futuro de nuestra economía, entorpeciendo la creación de empresas, introduciendo trabas a la libre competencia y ralentizando su proyección internacional.
4. La nueva legislación propuesta amenaza a los nuevos creadores y entorpece la creación cultural. Con Internet y los sucesivos avances tecnológicos se ha democratizado extraordinariamente la creación y emisión de contenidos de todo tipo, que ya no provienen prevalentemente de las industrias culturales tradicionales, sino de multitud de fuentes diferentes.
5. Los autores, como todos los trabajadores, tienen derecho a vivir de su trabajo con nuevas ideas creativas, modelos de negocio y actividades asociadas a sus creaciones. Intentar sostener con cambios legislativos a una industria obsoleta que no sabe adaptarse a este nuevo entorno no es ni justo ni realista. Si su modelo de negocio se basaba en el control de las copias de las obras y en Internet no es posible sin vulnerar derechos fundamentales, deberían buscar otro modelo.
6. Consideramos que las industrias culturales necesitan para sobrevivir alternativas modernas, eficaces, creíbles y asequibles y que se adecuen a los nuevos usos sociales, en lugar de limitaciones tan desproporcionadas como ineficaces para el fin que dicen perseguir.
7. Internet debe funcionar de forma libre y sin interferencias políticas auspiciadas por sectores que pretenden perpetuar obsoletos modelos de negocio e imposibilitar que el saber humano siga siendo libre.
8. Exigimos que el Gobierno garantice por ley la neutralidad de la Red en España, ante cualquier presión que pueda producirse, como marco para el desarrollo de una economía sostenible y realista de cara al futuro.
9. Proponemos una verdadera reforma del derecho de propiedad intelectual orientada a su fin: devolver a la sociedad el conocimiento, promover el dominio público y limitar los abusos de las entidades gestoras.
10. En democracia las leyes y sus modificaciones deben aprobarse tras el oportuno debate público y habiendo consultado previamente a todas las partes implicadas. No es de recibo que se realicen cambios legislativos que afectan a derechos fundamentales en una ley no orgánica y que versa sobre otra materia.